Una grabación difundida en las últimas horas volvió a poner en el centro de la escena a la Iglesia española por una denuncia de encubrimiento de abusossexuales. En el audio, registrado en 2024, el entonces obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez --fallecido en 2025-- admite ante la víctima Ciro Molina que la diócesis protegió al sacerdote denunciado por su familia en 2004.

El material fue entregado por Molina a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y también a la Comisión de Protección de Menores del Vaticano. Según confirmaron fuentes eclesiásticas, las grabaciones ya están en poder de la Santa Sede, que analiza si corresponde abrir una investigación por la eventual responsabilidad de la jerarquía local.

En el registro, publicado por medios españoles, Álvarez describe cómo se manejaban estos casos en el pasado. "En aquella época, la costumbre era cambiar al sacerdote de sitio", afirma. Luego detalla que el cura acusado --identificado como el "padre Carmelo"-- fue trasladado a Salamanca durante un año y, al regresar, designado como capellán en un asilo. El testimonio refuerza las denuncias históricas sobre traslados internos como mecanismo para evitar escándalos públicos.

Molina había denunciado que los abusos comenzaron en 1997, cuando tenía entre 9 y 10 años, y se extendieron hasta 2003. Su familia llevó el caso ante el obispado en 2004, cuando la diócesis estaba encabezada por Felipe Fernández, pero --según el propio Álvarez-- no se adoptaron medidas efectivas. El actual obispo en ese momento era vicario general y asumió la conducción un año después. Recién en 2014 se inició un proceso canónico, cuando la víctima acudió a la justicia civil y los delitos ya habían prescripto.

Uno de los pasajes más controvertidos de la grabación es el intercambio en el que Álvarez relativiza la responsabilidad adulta. "Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado", sostiene. Molina lo interrumpe: "Los niños no provocan, Bernardo. Es al revés". El diálogo, que se viralizó, generó una fuerte reacción en organizaciones de víctimas y reavivó el debate sobre las narrativas que históricamente minimizaron los abusos.

El exobispo también cuestiona la exposición pública del caso. En la conversación, llega a calificar como "un montaje" la intervención de Molina ante el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, donde el denunciante había pedido una condena institucional y el reconocimiento del daño sufrido. "El daño que ha sufrido mi familia: ¿cómo se repara eso?", le reclama la víctima en el audio, sin obtener una respuesta concreta.

Otro fragmento que generó repudio es aquel en el que Álvarez vincula los abusos con la homosexualidad: "El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales", afirma. Molina rebate de inmediato: "El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología".

En paralelo, trascendió que el sacerdote denunciado fue suspendido en 2014, cuando el caso se reactivó dentro de la Iglesia. Sin embargo, el proceso no llegó a término porque el acusado solicitó la dispensa para abandonar el sacerdocio. Tras dejar los hábitos, rehízo su vida fuera de la institución.

El caso se suma a una serie de revelaciones que en los últimos años golpearon a la Iglesia en España y que derivaron en investigaciones parlamentarias, informes independientes y pedidos de reparación para las víctimas. La difusión de este audio, con la admisión explícita de prácticas de encubrimiento, vuelve a tensionar a la institución y coloca bajo presión a las autoridades vaticanas, que ahora deberán definir si avanzan con una investigación formal.