El Gobierno avanzó con la privatización de Intercargo y lanzó la licitación pública nacional e internacional para vender el 100 por ciento de la empresa, fijando un precio base de 45.120.000 dólares para la operación.

La medida oficializada en el Boletín Oficial estableció que la venta -mediante la plataforma Contrat.ar- comprende la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, es decir la totalidad del paquete de la compañía estatal encargada de los servicios de rampa en 16 aeropuertos del país.

El esquema definido no contempla ningún tipo de participación estatal residual ni programas de propiedad participada para los trabajadores: un desprendimiento total del Estado de una empresa estratégica en la logística aeroportuaria.

Desde la Secretaría de Transporte justificaron la decisión en un "cambio de paradigma" en el rol del Estado, que dejaría de operar directamente para concentrarse en la regulación y supervisión del sector.

La iniciativa se inscribe en la estrategia oficial de privatizaciones. El proceso formal había comenzado en marzo con el decreto 198/2025 y ahora suma un nuevo paso con la publicación de las bases y condiciones.

En un contexto de ajuste fiscal y retracción del gasto público, la venta de activos estatales vuelve a ocupar un lugar central en la política económica.