El gobierno nacional convirtió la Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal, lo cual deja a ese organismo al borde de un proceso de reestructuración que puede derivar en su cambio de utilidad y reconversión de funciones.

La decisión fue tomada a través del Decreto 295/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial, que además ratificó la designación como interventor de esa institución a Pedro Daniel Cavagnaro, un abogado que ya ejercía ese cargo desde que el Poder Ejecutivo intervino la institución, en octubre del año pasado.

De hecho, la reciente medida amplía por tres meses más el plazo de esa intervención. Durante ese período, la Casa de Moneda seguirá en el denominado proceso de reorganización de empresas estatales que el Gobierno puso en marcha en su cuestionado Decreto 70/2023, que sigue vigente.

Qué va a pasar con la Casa de Moneda

Por el momento, la reconversión decretada hoy es un cambio formal que no hace que el organismo deje de estar bajo la órbita del Estado (que sigue siendo su único accionista), pero lo deja a un tris de que ello pueda cambiar.

La explicación que la administración nacional dio para cambiar la figura societaria de la Casa de Moneda es que era necesario impulsar "una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público" y "efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas".

El objetivo es por "completar el proceso de adecuación de la referida sociedad, particularmente en lo que respecta a su objeto social, con el fin de reflejar de manera precisa y adecuada las actividades que actualmente desarrolla", según dice el decreto.

La misma norma deja claro que la actividad que realiza la Casa de Moneda, creada en 1977, es fabricar el dinero circulante, especies valoradas, instrumentos de control y recaudación y documentación especial que requiera el Estado.

Sin embargo, cuando decidió su intervención el año pasado, el Gobierno le puso un freno a la impresión de billetes y otras de esas tareas enumeradas.

Lo que se había decido en esa reconversión fue redefinir las actividades y dejarlas a cargo de cinco unidades de negocios. Cada una de ellas se encargó de la fabricación de dinero circulante, la producción de estampillas fiscales y/o instrumentos fiscales de control (IFC) y servicio de trazabilidad; la producción de pasaportes, la producción de chapas patente y los servicios de atesoramiento y de destrucción de billetes.

No obstante, el decreto explica que "aún resta completar el proceso de adecuación de la referida sociedad, particularmente en lo que respecta a su objeto social, con el fin de reflejar de manera precisa y adecuada las actividades que actualmente desarrolla".

De la misma manera quedó pendiente "analizar la estructura organizativa de las unidades de negocio" y "relevar el alcance de sus operaciones y la situación particular de cada una de ellas", aclara la norma firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.