El Gobierno nacional pidió el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, luego de haberlo enviado ayer lunes a la Cámara de Diputados. Unas de las razones fue que el oficialismo incluyó en el dictamen remitido con fijar la edad imputabilidad en 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, informó NA.

El Gobierno pretende que el proyecto sea debatido este jueves en Diputados pero antes es necesario que se conformen las comisiones de trabajo.

El proyecto es muy similar al que tuvo dictamen en mayo del 2025, con la salvedad que, en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para que procuren el financiamiento para la efectiva implementación de la ley.

La financiación de la Ley Penal Juvenil

En el proyecto original se dejaba librado el financiamiento a la discrecionalidad de Jefatura de Gabinete, lo que levantaba la sospecha de que la ley terminara siendo letra muerta.

En la nueva versión, se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

Por otra parte, el proyecto tal como ingresó reduce la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años, mientras que aquel dictamen situaba la edad mínima punible en los 14 años.

Paralelamente, en la oposición pretenden exigir la incorporación de una cláusula que establezca que las provincias que adhieran a la ley deberán negociar con la Nación la forma de implementar las reformas edilicias y de servicios necesarias para alojar a nuevos reclusos.