La Ley de Glaciares comenzó a debatirse en las comisiones de la Cámara de Diputados donde la oposición logró que el oficialismo acceda a convocar a audiencias públicas, como determina el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Con la demora en la firma del dictamen, se espera que el debate en el recinto suceda cerca del 8 de abril.

Después de que desde los diversos bloques opositores se exigiera una audiencia pública el oficialismo aceptó reordenar el cronograma del tratamiento del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, al definir que los días 25 y 26 de marzo se escuchen las opiniones de los especialistas, y ciudadanos que estén interesados en exponer sobre el tema.

El diputado libertario Nicolás Mayoraz, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, anticipó los detalles del plan de trabajo respecto a la modalidad y los plazos propuestos. "Vamos a hacer una audiencia pública el 25 de marzo para dar plazo suficiente para la difusión. De 10 a 19 horas. Puede ser presencial o por zoom, cumplimos con el requisito federal sin la necesidad que se traslade las personas ni las comisiones", explicó al comienzo de la reunión plenaria.

Pero a pedido de Unión por la Patria, se dispuso que la audiencia pública se lleva a cabo en dos días y no en un solo día, como pretendían desde la bancada violeta que es la que conduce las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales. Finalmente se determinó que el primer día la audiencia sea de manera presencial en el Congreso, y que el segundo día se habiliten las exposiciones de forma remota para que los ciudadanos que viven en las provincias puedan participar fácilmente.

La diputa de UP, Sabrina Selva propuso que "sea una audiencia pública, transparente y federal en virtud de la interjurisdiccionalidad de las cuencas hídricas que están en juego con esta Ley de Glaciares. Que la participación sea totalmente abierta para que puedan participar, no se puede cercenar la participación. Si tienen que ser hasta 10 días de audiencias, debe darse". A su vez, valoró la "buena predisposición política para que la discusión se lleve como marca la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú".

Otra de las voces que se escuchó en reclamo de las audiencias públicas fue la del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro quien insistió en la necesidad de federalizar el proceso: "Tiene que realizarse en distintos días, con criterio federal de participación de las provincias donde hay comprometidas las cuencas hídricas. No puede ser un día acá en la Cámara de Diputados, tenemos que armar un sistema. Vamos a exigir una audiencia pública con carácter federal no solo de las provincias con desarrollo minero sino de aquellas que no, porque vamos a tener un debate interjurisdiccional constitucional".

Lucia Campora, fue de las diputadas que mostró con más vehemencia su desconfiancita ante lo organización que pretende el oficialismo y señaló que de estipularse un máximo de cinco minutos para cada orador, en una la audiencia que se desarrolle entre las 10 y las 19, "podrán participar 108 personas" lo que significa que solo "unas 4 o 5 personas por provincia" van a poder disertar a cerca de lo que refiere a la Ley de Glaciares, por lo que pidió que -"no sea restrictivo" el esquema que se plantee.

La diputada porteña también recordó que la Ciudad de Buenos Aires realizó una audiencia pública por la venta del predio de la Costanera Sur que "duró tres meses". Aquí solo serán dos días. Cámpora también pidió que "se transparente el mecanismo de inscripción" para poder saber quienes se inscriben y en el orden en que lo hacen. "o si el oficialismo va a acomodar el limite de participantes en función de los intereses que quieran que se expresen".

Por su parte, el diputado massista, Diego Guliano puso de relieve las diferencias en el tratamiento del proyecto. "Es muy raro, nos convocan a una reunión conjunta y no hay que hablar del proyecto. Nos sorprende bastante, cuando sus referentes trataron esto en el Senado votaron a libro cerrado. Ahora nos están planteando la audiencia pública", dijo sorprendido al marcar "le parece muy bien" que se respete la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Específicamente, en el Acuerdo de Escazú se establece que las audiencias públicas son mecanismos obligatorios y espacios de diálogo abierto para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, especialmente en etapas tempranas. Deben ser informadas, transparentes y considerar las opiniones ciudadanas antes de ejecutarse proyectos con impacto ambiental significativo.

La Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú el 24 de septiembre de 2020, cuando el Congreso aprobó la Ley 27.566. Este tratado internacional busca proteger los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Otro cuestionamiento vino de la cordobesa Gabriela Estévez , que reclamó la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo - reticentes a exponer en el Congreso- para que expliquen para qué quieren este proyecto. "No hablaron en el plan del cronograma de la participación de representantes del Ejecutivo y qué intereses buscan con esta ley. Pongan sobre la mesa cuándo va a venir el ministro a hablar", exigió la diputada de UP.

Que dice en proyecto

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que fue aprobado en el Senado el pasado jueves 26 de febrero, por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, define el objeto de glaciar y ambiente periglacial. En tanto, le delega a las provincias "la utilización racional de los recursos naturales existentes" en sus distritos. Esto significa que los gobernadores, y no la Nación, serán quienes pasen a tener el control y monitoreo de las zonas a proteger o explotar.

Igualmente, establece que, sobre la base de estudios técnico-científicos, las provincias registren cada zona en el Inventario Nacional de Glaciares, donde quedará definido que área es un ambiente glaciar o periglacial. Aquella zona analizada que no cumpla con funciones hídricas, podrá quedar fuera del Inventario. A raíz de esto, opositores y organizaciones ambientales señalan que cuando esa zona queda fuera del Inventario, queda habilitada para la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.

Incendios en la Patagonia

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano que preside el libertario José Peluc, había convocado a una reunión informativa para el pasado martes con el objetivo de debatir la problemática que atravesó la Patagonia durante enero y febrero en materia de incendios forestales. El encuentro se suspendió sorpresivamente, lo que le valió fuertes críticas al libertario.

La diputada Adriana Sarquis fue una de las que levantó la voz para cuestionar la desprolijidad de la comisión con los invitados. "24 horas antes se canceló la reunión, porque había ingresado para su tratamiento la Ley de Glaciares. Habían viajado bomberos de todo el país para el encuentro. Se le faltó el respeto a toda esa gente. Se canceló la reunión como si fuera imposible tener una reunión ayer y otra hoy", apuntó indignada la reonegrina porque el oficialismo decidió dejar plantados a los brigadistas de todo el país.