La justicia procesó a los principales directivos de la empresa Ética Médica por una estafa millonaria a obras sociales y sus afiliados. Detrás de la gerenciadora de salud que se ofrecía como "prepaga", la empresa que también se anuncia bajo el nombre de Ética Salud y está vinculada también a la firma Ética +, estafó a través de un organizado esquema de engaños a muchos afiliados de obras sociales. Se estima que lograron recaudar mediante el fraude unos 60 millones de pesos por mes. A los particulares damnificados, que aportaban una suscripción por supuestos planes de salud, las prestaciones nunca les llegaban y quedaban sin cobertura médica. Se avanzó con la investigación y ya hay once personas procesadas.

Las maniobras ilícitas generaron perjuicios tanto para los trabajadores que, mediante engaños, resultaban desafiliados de su obra social, como para las entidades de carácter sindical que dejaron de percibir los aportes de esos empleados. Situación que se vio agravada por el hecho de que, en muchos casos, los afiliados afectados -luego de su traspaso fraudulento- perdían el acceso a prestaciones médicas, con el consiguiente perjuicio para su salud. Se presentaron como querellantes dos de las obras sociales afectadas: Osperyh, obra social de trabajadores de edificios, y Osoetsyl, de trabajadores tintoreros. También fueron víctimas del engaño trabajadores afiliados a otras como la de empleados ferroviarios, la de sombrereros, o la del papel.

Por la cantidad de prueba ya producida (oficios a telefónicas, a la IGJ, a la Superintendencia de Servicios de Salud, testimoniales, allanamientos, informes, indagatorias e intervenciones telefónicas), el juez Juez Sebastián Ramos decidió procesar a Pablo Baldoni, Raúl Barreiro, Javier Cuman, Fernando Profeta, Aldo Lisi, Abel Blasco, Romina Hawryluk, Martin Scalise, María Botchein, María Laiz, Érica Mirabile, Carla a Sirini y Tatiana Silva por los delitos de asociación ilícita, estafa, acceso indebido a datos informáticos y abandono de persona. De los 37 allanamientos se secuestraron computadoras, celulares y documentación.

El Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) analizó parte de la documentación y de las escuchas telefónicas, y con eso pudieron establecer de forma clara las etapas de la maniobra. Respecto de las computadoras y celulares secuestrados, la pericia sigue en curso.

Por otra parte, y dado que las obras sociales funcionan como estructuras solidarias que se financian mediante los aportes de la totalidad de sus afiliados, la disminución de estos ingresos (aportes) representó un desafío considerable para el cumplimiento de sus obligaciones, especialmente en medio de una situación económica donde las empresas de medicina prepaga aumentan sus cuotas --en forma desmedida-- al tiempo que los ingresos de las obras sociales disminuyen.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) había denunciado por estafa a los principales directivos de Ética Médica, entre ellos su presidente Raúl Barreiro, junto a Fernando Pablo Dardik, Javier Ignacio Cuman y Pablo Baldoni. Desde el inicio de la investigación a la actualidad, más allá de cuestiones procesales, se avanzó en peritar lo allanado y con los informes de la Dufie y las indagatorias. Además, la obra social de vareadores (la desregulación con la cual trabaja Ética Médica) fue intervenida por la SSS por justamente captación indebida de afiliados.

Las obras sociales damnificadas también aportaron testigos y listados de afiliados traspasados fraudulentamente, corroborándolo en varios casos con la Superintendencia de Servicios de Salud, que brindó listados de opciones de anulación de cambio. La denuncia, bajo la carátula de Estafa, se tramita ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional N° 2.

El inicio de la causa

La causa comenzó a gestarse en 2020 ante los reclamos que, a través de redes sociales, publicaban los afectados: falta de respuesta a requerimientos médicos, falta de atención en los centros de salud que "supuestamente" operaban con la firma, falta de entrega de las credenciales en soporte papel. En este último caso, cuando reclamaban les indicaban que con mostrar el envío digital de la credencial ya estaban habilitados a atenderlos. Pero no ocurría. Y al desasosiego de padecer una enfermedad, se le agregaba una nueva dolencia: el engaño.

El esquema de la estafa fue variando. Inicialmente se montaba a través de llamados telefónicos a los particulares donde les "informaban que su obra social iba a quebrar" y les ofrecían una nueva opción "con más beneficios". Entre ellos "depilación definitiva", un tipo de intervenciones que no se incluye en los servicios de salud.

Ante la falta de respuesta a los requerimientos médicos, en tratamientos o por urgencias, comenzaron los reclamos. Esto forzó a mutar la operatoria del engaño. Por caso, se habría llegado al robo de identidad para trasladar a los afiliados de otras obras sociales a esta empresa, sin su consentimiento. Incluso llegaban a ofrecer préstamos personales o tarjetas de crédito para tentarlos y lograr los datos necesarios para el fraude.

La maniobra, según informa la Policía Federal, se iniciaba con el accionar de "gerentes" que habrían comprado bases de datos de afiliados a obras sociales, con los datos de contacto. A través de un grupo de "reclutadores" y "vendedores" camuflados como empleados de la Superintendencia de Servicios de Salud, la firma lograba convencer a los damnificados de entregarles sus datos. Llegaban a enviar personas en moto a los domicilios para lograr los documentos necesarios. Con esto en mano, ingresaban a la aplicación de AFIP con nivel 3 de seguridad y realizaban el cambio de obra social. "Incurren, en este punto, en el delito de usurpación de identidad", precisa el informe policial.

Ante los reiterados reclamos y las denuncias de las obras sociales, Ética Médica fue imputada en 2021 por la Superintendencia de Servicios de Salud en la Justicia Federal. Se estima que el flujo de dinero mensual que lograba superaría los 60 millones de pesos, que eran recibidos por la razón social de la firma investigada, Ética Médica S.A., registrada en AFIP en 2017. Su domicilio fiscal figura en una casa particular del barrio de Floresta, en CABA. La causa registra también que dejó de pagar aportes a sus empleados y designó a Baldoni como director suplente y a Barreiro como titular en 2019.

La estafa se evidencia inicialmente en el uso de una empresa registrada como gerenciadora de salud y no como prestadora de salud. Así, para poder realizar la transferencia de aportes "habría dos fases", de acuerdo a la denuncia. En la primera, "tras la captación, los aportes de haberes se dirigen a una obra social asociada a la empresa investigada, debido a que la gerenciadora no puede recibir los aportes de forma directa" explica la investigación policial.