La identificación de los huesos encontrados el 20 de mayo pasado en el patio de un chalet sobre Avenida Congreso en el barrio porteño de Coghlan constituye apenas el inicio de una causa que se expone a varias encrucijadas y un obstáculo no menor: la prescripción del homicidio perpetrado contra Diego Fernández Lima después de haber sido visto por última vez por un amigo suyo del club Excursionistas en la esquina de Monroe y Naón la tarde del 26 de julio de 1984. El reciente aporte de un compañero de colegio de la víctima ayudó a confirmar que esa vivienda pertenece a una famila de apellido Graf y, acaso lo más importante, que estuvo habitada durante varias décadas por Cristian, también estudiante en la década del '80 de la ENET 36 de Villa Ortúzar a la que asistía Fernández Lima cuando ocurrió el hecho.

Sin embargo, el fiscal Martín López Perrando, que es quien intenta llevar adelante la investigación sobre este crimen de ribetes todavía misteriosos, tiene por delante una tarea de extrema sensibilidad si es que quiere citar a declarar a Cristian Graf y sacarle utilidad a su convocatoria a la Fiscalía en lo Criminal y Correcional 12: debe reunir una cantidad de elementos lo suficientemente sólida para que este hombre de 58 años que aparece como principal sospechoso (pero no aún como imputado) no obture la indagaria argumentando, justamente, la prescripción del delito que se analiza. Según abogados penalistas, esto implicaría ni más ni menos que el cierre de la causa y, por ende, el impedimento de conocer la autoría y el móvil del asesinato, que es, en definitiva, acaso lo único y último que busca la familia de Fernández Lima como remedio al dolor generado por este episodio espeluznante. El papá de Diego falleció en 1991 tras un accidente de tránsito y nunca pudo saber qué pasó con su hijo después de esa tarde de invierno en la que se despidió de su casa en el barrio de Villa Urquiza sin precisar hacia dónde iba.

Entre la desaparición de Diego Fernández Lima y el hallazgo de los huesos pasaron 40 años y diez meses, entre en análisis de los restos óseos y el descubrimiento de la identidad unos dos meses, y entre ésto último y la presencia de un primer sospechoso apenas algunos días. Sin embargo, nada de eso es todavía suficiente para postular imputaciones sobre lo que a las claras fue un homicidio, aunque no se descartarían otros cargos tales como los que corresponden a inhumar un cuerpo en un domicilio particular sin su correspondiente acta de defunción. Parecen detalles pero hacen a la solidez de la cuestión procesal: dada la repercusión que tuvo el caso, sería poco conveniente que la causa no pueda determinar nada más que lo que se sabe, que es tan solo la identificación de los huesos y gracias a una serie de hechos más cercanos al azar que a la pericia de las instituciones.

Cristian Graf fue compañero de curso de Diego Fernández apenas dos años: en 1982 y 1983. Luego Diego repitió, aunque un segundo indicio alude a un gusto compartido por las motos. Ni Graf ni su familia (su madre es quien habita el chalet que tuvo un cuerpo enterrado durante 41 años) mostraron abogados, mientras que los hermanos y la mamá de Diego comenzarán a analizar a partir de este lunes cuál será su estrategia en una causa a la que aún no se presentaron como querellantes. La fiscalía a cargo de López Parrando, en tanto, maneja el reloj de arena para recolectar elementos concretos que permitan efectuar imputaciones.