Estamos en medio de una tormenta, en cuyo centro está Sergio Massa. Hay una serie de factores que caracterizan hoy a la economía, como la alta inflación, la caída estrepitosa y permanente de reservas del Banco Central, los efectos que tiene eso sobre los movimientos del dólar y la recesión. Vemos cómo se va congelando la economía en la caída de los niveles de ventas y de actividad económica. Ahora, para mejorar las cosas, la tormenta se envuelve en un huracán: las condiciones políticas alrededor de la causa que se le sigue a la vicepresidenta y a un grupo de funcionarios del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner por la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Ayer, el fiscal Diego Luciani pidió para la expresidenta y vicepresidenta 12 años de prisión e inhabilitación perpetua. Todos sabemos que es un caso, desde el punto de vista técnico, crucial, porque de lo que se determine en la asignación de obra pública en Santa Cruz podrían derivarse cuestiones que tienen que ver con el manejo de dinero en los hoteles de la familia Kirchner en Calafate, lo que se conoce como causa Los Sauces y Hotesur. Es decir, si se confirma que hubo delito en el caso de Vialidad, estaríamos probablemente frente a lo que sería el antecedente que hace posible las operaciones de lavado de dinero en los hoteles.

¿Por qué pongo todo esto en potencial? ¿Por qué todavía existen signos de interrogación? Porque todavía debe ser probado. Hay jueces que conocen las causas Hotesur y Los Sauces, que podríamos identificar como antikirchneristas, que dicen "bueno, todavía hay mucho para estudiar para probar concretamente una conexión". La podemos adivinar en la crónica periodística, en los indicios de relatos e informaciones que después son difíciles de consolidar en un expediente. Este es un problema que no vemos hoy, pero que conocen quienes miran la causa en relación con la Justicia con dos o tres jugadas de antelación.

Este es un tema importante porque tenemos una percepción intensísima de corrupción en la política, principalmente en el kirchnerismo, que a la vez advierte evidencias de corrupción en Juntos por el Cambio. Todo esto requeriría de un Poder Judicial extraordinariamente serio que sancione como se debe. Y que no deje una sensación de arbitrariedad, lo que la vicepresidenta denuncia como lawfare, es decir, una persecución.

El peronismo reacciona en línea con lo que señala la vicepresidenta y anuncia una persecución política. Hay manifestaciones en estas horas de gente que no es necesariamente kirchnerista y que en algunos casos está enemistada con la vicepresidenta, como la conducción de la CGT, que se siente amenazada por Cristina Kirchner, y sin embargo hizo una declaración en la que asegura que no hay pruebas concretas en lo que está anunciando el fiscal Luciani.

Hay además otros actores en el oficialismo que no son necesariamente kirchneristas como diputados y senadores que no están alineados con Cristina, pero que también se manifiestan en ese sentido. Ha habido un pronunciamiento ayer de 500 intendentes de ciudades pequeñas, no todos kirchneristas, quienes también plantean que hay una persecución.

Esto nos indica que se está creando un clima de movilización vinculado con el enfoque central que le da la vicepresidenta a todo este problema. Es un enfoque que tiene que ver con una cantidad de datos que ella esgrime, pero sobre todo con una concepción ideológica respecto a cuál es la relación entre Justicia y política. Para Cristina Kirchner no hay autonomía técnica de la Justicia, sino que es un instrumento de la política. Siempre. Tanto que ella pretendió que eso sea blanqueado en el sistema. ¿Cómo? Eligiendo a los que nombran a los jueces, los consejeros de la Magistratura, en listas electorales con los candidatos políticos, en lo que ella llamó un proyecto de democratización de la Justicia que se lo dio de baja la Corte por inconstitucional.

Quiere decir que, para el oficialismo, lo que hay en el centro de este problema es una disputa política. No es la única que sostiene esto de todos los que están siendo imputados en la causa de Vialidad. Hace mucho tiempo, en el año 2016, que es cuando se inicia esta causa que se reabre por una denuncia de Javier Iguacel, quien estaba al frente de la obra pública durante el gobierno de Mauricio Macri, la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, que es una abogada que tuvo mucha participación en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hizo una observación importante en un tuit donde se preguntaba quién es el encargado de administrar el presupuesto. Bueno, habría que contestarle, técnicamente, el jefe de Gabinete. ¿Cómo es que en esta causa no está imputado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete mientras ocurrían estos delitos? ¿Cómo no está imputado Sergio Massa? Y así podemos nombrar a otros. Sin embargo, la imputación pasa de la presidenta/presidente al ministro de Infraestructura y al secretario de Obras Públicas. ¿Qué hay detrás de esto? La presunción de una manipulación política que convertiría a aquel Alberto Fernández o a aquel Sergio Massa, que recorrían los canales de televisión denunciando a Cristina en cómplices de lo que ellos denuncian como lawfare.

Hay varios argumentos en toda esta denuncia que realizan Cristina Kirchner y sus funcionarios. El primero ya lo mencionamos, que no hay pruebas concretas que vinculen. Sin embargo, no es que no hay pruebas concretas de corrupción. Es probable que, en la cabeza de Cristina, José López tenga que ir preso. Lo que está diciendo el kirchnerismo y la propia Cristina Kirchner y la CGT es que no hay pruebas concretas que la vinculen a ella con esos casos de corrupción. Esto es interesante porque hay referentes de la oposición que sugieren lo mismo, entre ellos, Miguel Ángel Pichetto, quien dice que va a ser muy difícil probar en un expediente lo que presumimos políticamente, que es conectar concretamente el hecho con Cristina Kirchner. Por eso él dice que se inventa la figura de la asociación ilícita, que transmite responsabilidades sin necesidad de que haya prueba documental.

Este es un enorme problema porque no vaya a ser que después, lo que hoy es una catarsis, un desahogo, una sensación de que se repone un equilibrio en la Justicia general de las cosas, sea frustrado porque en los expedientes es imposible de ser demostrado. Sostienen algo más, que el fiscal Luciani en su alegato y en toda su larga circunstanciada acusación introdujo una cantidad de imputaciones, de datos, presumiblemente de prueba que no estaban en el comienzo de la causa. Esta es la razón por la que Cristina Kirchner dice que quiere que la llamen de nuevo a declarar, porque quiere contestar esas imputaciones que no contestó porque no fueron planteadas. Esta posibilidad de ser llamada a indagatoria en este momento del proceso le fue denegada.

Daría la impresión, según sostiene Paz Rodríguez Niell en una nota publicada en el diario LA NACION, de que Cristina tendría un derecho a refutar en lo que el procedimiento identifica como "las últimas palabras", es decir, su última intervención antes de la sentencia. El razonamiento de la vicepresidenta es que, mientras tanto, va pasando el tiempo y se van asentando esas imputaciones. Por ese motivo ella prefiere aparecer este martes a las 11 por su canal de YouTube contestando los argumentos que, ella dice, fueron incorporados extemporáneamente por el fiscal.

Lo más importante políticamente es que empieza a haber un estado de movilización que quiere introducir el kirchnerismo. Porque si todo es político, si no hay ninguna autonomía del expediente, si no hay técnica y solo se trata de una disputa de poder, hay que dar la discusión en el campo del poder. Ha habido atisbos, adelantos de esto que estamos viendo ahora y que vamos a seguir viendo en los próximos días. Me refiero a que hace poco, la vicepresidenta pronunció un discurso en Avellaneda, que fue importante. En aquella oportunidad tenía al lado al ministro de Hábitat y Vivienda y exintendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Ella en un momento de su exposición le dice a Ferraresi: "Te tengo que felicitar porque ante una ordenanza municipal que la Justicia te objetó, vos movilizaste al pueblo".

El siguiente discurso importante de Cristina se produjo en Ensenada, en donde dijo que su hijo Máximo le había observado algo en lo que ella no había pensado: "A Perón en el 55 no lo quisieron meter preso, lo dejaron irse al Paraguay. ¿Por qué? Porque tenían miedo a otro 17 de octubre", señaló, según dijo su hijo.

Ahora, rebobinemos, manifestaciones de intendentes, manifestación de la CGT, movilización en la calle y un cartel que dice: "Ya cruzamos por Perón, cruzaremos por Cristina". Este es el puente por donde cruzaron los obreros y sus dirigentes sindicales el 17 de octubre para ir a reclamar por la libertad de Perón. Está recreándose dentro del peronismo una escena que pretende intimidar a la Justicia.

Una obviedad, el que juzga a Cristina no es Luciani, él debe acusarla y como todo fiscal tiene esa obligación y probablemente deba exagerar esa acusación. Ahora escucharemos a la defensa y después tiene que actuar el Tribunal que está en una encrucijada importante porque está ante esta presión. Pero no se trata solo de una presión política, se trata de la constitución de una escena electoral. La idea de que Cristina debe ser envuelta en el aura de una perseguida. Esto que nos puede resultar muy ajeno a nosotros es muy familiar para ella que es una profesional del poder.

Esto último lo voy a demostrar con un ejemplo. Hoy en su casa hubo un episodio de violencia. La gente del kirchnerismo lo cuenta como que algunos vecinos fueron a insultar y que la policía de la ciudad en vez de disolver la manifestación, dejó que esa gente se vaya sumando. Luego, vinieron kirchneristas a defenderla y la policía reprimió. Cristina, La Cámpora, los que fueron a la casa de la vicepresidenta a favor de ella, dicen que reprimieron solo a su gente. En ese contexto, ella emitió un tuit que dice: "Lo único que le faltaba a Larreta para ser Macri es reprimir". Es más que un tuit que califica lo que está pasando en la puerta de su casa, es un tuit que está caracterizando al futuro candidato a presidente Larreta, del quien la propia Cristina dirá: "Si Larreta va a ser el próximo candidato de Juntos por el Cambio, Larreta es Macri". Y empieza a decirlo desde ahora, en la puerta de su casa, en lo que sería para ella un momento dramático. Esto es lo que hace un profesional del poder.

En medio de todo este contexto, la Casa Rosada emite un largo comunicado, que comienza manifestando que el Presidente es hijo de alguien que fue juez, es profesor de derecho, defiende el Estado de Derecho. Al lado de Cristina alguien dijo: "Alberto, la noticia no sos vos hoy, es Cristina". Más allá de eso, es muy interesante este extravío conceptual que tiene el Presidente y que tiene aparentemente mucha de la gente que lo rodea, porque esto sale de la dirección de Comunicación de la Casa de Gobierno. En nombre de la Constitución, expresamente, Alberto Fernández dice que en la causa que se le está siguiendo a Cristina no hay ninguna prueba. ¿En nombre de qué Constitución el Presidente ejerce el papel de juez y determina donde hay pruebas y dónde no las hay? El doctor Fernández, hijo de un juez, profesor de derecho, ¿qué constitución leyó? Porque lo más elemental de la Constitución es que hay una división de poderes que le impide al Presidente ejercer la Justicia, que es atribución de otro poder. Salvo que lo que quiera sea intimidar. Lo más interesante de ese comunicado es que hace una defensa de la igualdad ante la ley. Si hay algo que viola la igualdad ante la ley es que una ciudadana llamada Cristina Kirchner tenga a su favor la voz del Presidente, cosa que no cualquier imputado tiene en todas las causas que se siguen en la Argentina. Es muy extraño cómo alguien que fue hijo de un juez no advierte que, por lo menos, tendría que utilizar su cuenta de Twitter personal, aclarando que lo hace como militante kirchnerista.

Sin embargo, si uno lee bien ese comunicado se da cuenta de que tanta adhesión no hay, de que tan indignado no está, porque en un momento dice algo muy capcioso: "Va a seguir el Gobierno trabajando en la reforma judicial que no pudo sacar". Es como si dijera: "Cristina, esto pasa por la reforma judicial que yo no pude sacar porque vos me la impediste, porque nunca la autorizaste en el Senado". Lo que dice es "este es el costo que estás pagando por no dejarme gobernar".

Para que se entienda bien cuál es la interna que hay dentro del poder en relación con la causa judicial de Cristina, irrumpe en escena Julio De Vido -que está imputado en Vialidad- y dice: "Sr. Presidente -no le habla el compañero Fernández-, su nota es extemporánea, si fuera cierto lo que usted manifiesta nunca hubiera designado a Marcela Losardo como ministra de Justicia, su nota es como el título del libro Soriano: triste, solitaria y final". Es interesante lo que dice De Vido porque suscribe a esa concepción general de Cristina. Lo que dice es que, si en vez de Losardo el ministro de Justicia hubiera sido alguien con convicción respecto de sus intereses judiciales, que hubiera dado la pelea política que está detrás del expediente, hoy no estarían con un pedido de condena.

¿Por qué es importante reconstruir toda esta escena? Porque los jueces del Tribunal Oral están ante un enorme desafío, apegarse más que nunca a la técnica. Porque la República es un sistema gris y aburrido, de procedimientos, de reglas y no de contenidos. Entonces, el papel de los magistrados va a ser convencernos a todos nosotros, no solamente a los que creen que Cristina debe estar presa ya, sino a los que creen que no debe estarlo, de que se la está sometiendo a un juicio justo. Y esto es importante si uno mira dos o tres jugadas más adelante, porque puede pasar lo que ocurrió en Brasil. Hubo una enorme excitación política durante dos años, se lo puso preso a Lula, se lo excluyó de la carrera electoral y al final del camino, la Corte -que es antiPT- determinó algo tan sencillo pero escandaloso como que el juez Moro -que era el héroe que lo llevó a Lula a la cárcel- no era el que estaba en condiciones de juzgarlo. Había un problema de jurisdicción. Frío. Formal. Gris. Aburrido. Pero, por ese problema, Lula salió de la cárcel, volvió a las pistas y ahora está por ganar la elección en Brasil. Este tipo de error corroe enormemente a la democracia porque hay una gran cantidad de gente en Brasil, que son el 30 o 35%, que cree que es absolutamente ilegítimo que Lula esté fuera de prisión y compita. Y hay un número de gente mayor, que cree que Bolsonaro es Presidente porque a Lula lo metieron preso.

Entonces, estamos ante un dilema enorme que es cómo se disciplinan las pasiones a través de procedimientos. Parece ser un problema de este tiempo y que se da en todo el mundo, entre otras cosas porque los montos insoportables de corrupción terminan corroyendo al sistema porque, a la larga, hacen que la justicia se politice.

Carlos Pagni

LA NACION