Las audiencias públicas sobre la reforma de la Ley de Glaciares ya tienen más de 27 mil inscriptos, cuando aún faltan diez días para el cierre de las inscripciones. La convocatoria es para los días 25 y 26 de marzo, pero el número de expositores anotados ya supera extensamente el tiempo propuesto por el oficialismo para que la ciudadanía se exprese sobre el proyecto de la Casa Rosada, que entrega a las provincias la decisión de habilitar la minería sobre los cuerpos de reserva de agua dulce.

El debate que comienza a correr por los pasillos del Congreso es cómo hará el oficialismo para asegurar la participación de todos los inscriptos y cumplir con la participación ciudadana asegurada por el Acuerdo de Escazú.

El llamado a audiencias se selló la semana pasada en un plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presididos por los oficialistas José Peluc y Nicolás Mayoraz. Los bloques de Unión por la Patria, Coalición Cívica y Provincias Unidas pidieron audiencias federales sin límite de tiempo, pero el oficialismo solo otorgó un día más de debate.

Así se alcanzó un acuerdo para convocar a exposiciones presenciales en el edificio anexo de la Cámara de Diputados los días 25 de marzo, de forma presencial, y el día 26, virtuales para cubrir una representación federal de las audiencias. El oficialismo no cedió en la extensión de las exposiciones y las limitó a 5 minutos en el horario de 10 a 19.

Con esas condiciones, solo 200 expositores podrían participar de las audiencias. En el plenario de comisiones Mayoraz anticipó que el oficialismo no ampliaría el horario de debate y que los expositores podrían dejar sus posiciones por escrito para archivar en el expediente de tratamiento.

Otra opción que podría plantear La Libertad Avanza es que cada bloque aporte una cantidad de oradores. Por el momento, los bloques opositores empezaron a levantar la voz para que se cumpla con el proceso participación ciudadana.

Pedido para extender las audiencias públicas

Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y María Ines Zigarán (Provincias Unidas) como también Sabrina Selva (Unión por la Patria) elevaron una carta al presidente de la Cámara de diputados, Martín Menem, y a los de las comisiones Mayoraz y Peluc, para extender las audiencias públicas.

"Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan voz. Hay inscriptos de todas las provincias", expresó Selva.

Ferraro recordó que durante el debate en audiencias por la Interrupción Voluntaria del Embarazo duró 15 días, cuando contó con 738 inscriptos; miles menos que para este caso.

La reforma en Ley de Glaciares obtuvo media sanción por parte del Senado el paso 26 de febrero, tras un debate de comisiones exprés (solo dos jornadas) durante diciembre. La rápida resolución de aquel debate llevó a la titular de la comisión de Ambiente de la Cámara alta, Edith Terenzi, a votar en disidencia y oponerse a la reforma en el recinto.

Un proyecto de reforma que beneficiará a las mineras

La reforma propuesta por la Casa Rosada es un reclamo de las provincias mineras que integran las mesas del Litio y el Cobre; y un largo deseo de las mineras multinacionales para realizar explotaciones en zonas de glaciares y periglaciares relevadas dentro del Inventario Nacional de Glaciares.

Por eso, la norma relega al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) --organismo científico encargado del inventario-- a un rol marginal y deja en manos de las provincias mineras los estudios de impacto ambiental y la decisión de qué áreas explotar.

Esos cambios van en contra de la legislación ambiental nacional, del artículo 41 de la Constitución que ordena que el Estado nacional dicte presupuestos mínimos de protección, de la jurisprudencia de la Corte Suprema y de una serie de pactos internacionales. Por eso, organizaciones socioambientales, constitucionalistas y Naciones Unidas y las propias provincias en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) alertaron sobre la gravedad de la reforma a favor de las empresas mineras.

Tras conocerse el récord de inscriptos para la audiencia pública, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió: "La audiencia pública por la Ley de Glaciares debe durar todo el tiempo necesario para que cada uno de los anotados tenga sus 5 minutos. Si restringen la participación, no es una Audiencia Pública, violan Escazú y su propia convocatoria. Y abren la puerta a la judicialización".