15 de junio de 2021

Locales 10/06/2021

El patrimonio y la democracia

Por el doctor Alejandro Mariotto

EL PATRIMONIO Y LA DEMOCRACIA

Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que estar dedicando tiempo a la defensa del patrimonio, cuando este tema -a esta altura- debería estar superado. Pero lamentablemente en Saladillo no está superado y, culpa de intereses mezquinos, debemos gastar ríos de tinta para reclamar por nuestro patrimonio. En este caso -una vez más- peticionar por la no destrucción del cuadro de la Estación del FFC Roca y del histórico ejido urbano de nuestra ciudad, el cual está protegido por una serie de ordenanzas municipales que gozan de plena vigencia, pero que no son respetadas por las autoridades municipales.

El patrimonio y el sistema democrático van de la mano, si se respeta uno se respeta el otro, caso contrario ambos son violados. Muchos políticos, como el actual intendente José Luis Salomón, se olvidan que en un sistema republicano de gobierno los gobernantes deben respetar las normas vigentes (Constitución nacional y provincial, leyes y ordenanzas). También se olvidan que en este sistema de gobierno existe división de poderes y, además existe la "responsabilidad de los gobernantes". Esta última implica que por sus actos deben responder tanto civil como penalmente, pareciera ser que los malos gobernantes confían en el pésimo accionar del Poder Judicial y es por ello que se olvidan de su juramento violando cuanta norma les parezca, con la esperanza de no responder por estas malas acciones. Pero cuidado, a veces el Poder Judicial funciona y las sanciones les llegan (recordemos que María Julia Alsogaray terminó  presa). Para los creyentes también está la "Justicia Divina", y esta suele ser aún más efectiva e implacable.

La administración municipal del ingeniero Salomón -abocada casi exclusivamente a la obra pública, como si el hormigón fuera tan esencial como el oxígeno- está empecinada en romper el andén de la Estación declarada "patrimonio histórico y cultural", sin importarle las normas vigentes que lo prohíben, convirtiendo este accionar en una medida ilegal y autoritaria. La falta de participación del Concejo Deliberante en esta cuestión es algo sumamente grave, ya que si bien es sabido que este organismo va a acompañar esta medida (de pura obsecuencia nomás), aun así es necesaria su intervención. El intendente no dio intervención, al menos hasta ahora, al HCD. Pero tampoco el HCD, en uso de sus atribuciones y como poder legislativo local, decidió dar espacio al debate de este tema que hizo pie en gran parte de la población. ¿Cómo puede ser que los representantes del pueblo de Saladillo no debatan un asunto reclamado por la ciudadanía? Las firmas presentadas en noviembre pasado fueron enviadas "a comisión..." para que duerman el sueño de los justos.

Mientras tanto avanzan las obras de destrucción del patrimonio. Las firmas presentadas, la intervención del Defensor del Pueblo de la provincia y los pedidos de innumerables vecinos son ignorados por un gobierno municipal que se parece más a un gobierno de facto que a uno democrático. Sin temor a equivocarme puedo afirmar que los intendentes de facto cumplieron más con las leyes y ordenanzas que el actual intendente, que fue electo democráticamente.

El Concejo Deliberante debería plantear el debate (el único edil que lo solicitó fue Marcelo Pereyra), debería también convocar a una audiencia pública y, además, otorgar la "banca del pueblo" a los vecinos que la soliciten para expresarse sobre esta cuestión. Espero lo hagan, están a tiempo de demostrar si el espíritu democrático que proclaman es real o ficticio.

El oficialismo niega el debate -al igual que lo hacen los ingleses cuando niegan la discusión de soberanía sobre nuestras Malvinas- argumentando que aquí no hay un tema de patrimonio (obviamente que esta mentira ni ellos se la creen).

El patrimonio cultural no es nuestro, lo heredamos de nuestros antepasados y tenemos la obligación de preservarlo para las generaciones futuras. No puede un intendente destruir algo que existe desde muchos años antes de que el naciera, menos hacerlo de forma ilegal.

No puede primar el interés de algunos particulares, que buscan aumentar el valor monetario de sus inmuebles abriendo esta avenida para que los mismos queden más cerca del centro de la ciudad, por sobre el interés general de la población que es el de preservar nuestro patrimonio y nuestra identidad.

Doctor Alejandro Mariotto


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