La obsesión del gobierno de Javier Milei por el "déficit cero" muestra su cara más peligrosa en la provincia de Buenos Aires: transitar las rutas nacionales se ha convertido en una odisea de riesgo vital. Lejos de ser un problema técnico o de gestión, el deterioro vial es la consecuencia directa del desguace de la obra pública, una decisión política que paralizó el mantenimiento y la inversión.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) confirma lo que conductores y vecinos padecen a diario: el 52 por ciento de los caminos nacionales en suelo bonaerense se encuentran en mal estado, producto de un recorte presupuestario hecho por la Dirección Nacional de Vialidad.

Los números del ajuste son brutales y exponen la magnitud del abandono. Según el relevamiento, la inversión real en infraestructura cayó un 72,2 por ciento en 2025 respecto a 2023, pero en la provincia de Buenos Aires ese recorte fue peor y llegó a un 85,8 por ciento. Este colapso del gasto de capital, que explica una cuarta parte del ajuste total celebrado por la Casa Rosada, ha elevado el deterioro de la red vial nacional a niveles alarmantes: hoy el 52 por ciento de las rutas nacionales en Buenos Aires están en mal estado. La provincia es donde más empeoró la red vial desde el cambio de gestión.

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Es preciso señalar que Buenos Aires no solo es la provincia que más kilómetros de rutas nacionales tiene, sino que, además, tiene de las rutas más transitadas por su cercanía al puerto.

En un informe anterior, el IAG hablaba de la paradoja del modelo libertario, en el sentido de que el ajuste convive con una recaudación que no vuelve a los contribuyentes. Allí detallaba que el Estado nacional embolsó billones de pesos a través del Impuesto a los Combustibles y el Impuesto PAIS -tributos con asignación específica para obras-, pero decidió "sentarse sobre la caja". De los fondos que debían ir a Vialidad Nacional, apenas se ejecutó una fracción menor, desviando recursos que eran para asfalto hacia la licuadora del superávit financiero.

En el territorio, la ecuación "menos obras y peajes más caros" ha detonado la paciencia social y el diagnóstico a futuro es sombrío. La política de "obra pública cero" no solo implica riesgos presentes, sino un costo futuro exponencial: reconstruir lo que no se mantiene hoy costará hasta diez veces más mañana.