Autoridades sanitarias de 14 provincias argentinas, representantes de universidades nacionales, sociedades científicas, legisladores, asociaciones profesionales, colectivos de usuarios y organizaciones sociales se reunieron en la Cámara de Diputados de la Nación para abordar la crítica situación de la salud mental en el país.

Durante la jornada se compartieron datos que reflejan un aumento sostenido de la demanda de atención en el sistema público: 44 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires mostraron un incremento promedio del 12% en las consultas por guardia en el primer semestre de 2024, con picos de hasta el 64,5% en la Región Sanitaria III. El aumento también se verificó entre personas con obra social o medicina prepaga, lo que evidencia la sobrecarga del sistema público frente al deterioro del sector privado.

El encuentro apuntó a la necesidad de sostener y ampliar el acceso a tratamientos, dispositivos, profesionales y medicamentos, con eje en un sistema público fortalecido, integral y federal. También se pidió garantizar la continuidad de políticas estratégicas como las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental (RISAM) y las reformas edilicias y comunitarias orientadas al modelo de atención territorial y de cercanía.

En paralelo, en el sistema de salud mental de la provincia de Buenos Aires, las consultas ambulatorias aumentaron un 134% entre el 2023 y 2025, y las internaciones por motivos de salud mental crecieron un 77% en ese mismo período, según estimaciones basadas en datos del primer semestre de 2025. El impacto también se refleja en la población más joven: las internaciones de menores de 18 años se duplicaron en cinco años, pasando de 3.286 en 2019 a 7.103 en 2024, y representa un aumento del 13,4% en Buenos Aires en 2024. Solo en el primer semestre de 2025 ya se registraron 1.829 internaciones.

El incremento de la demanda al sistema estatal está estrechamente relacionado con la pérdida de empleo, la caída de ingresos y su en consecuencia la imposibilidad de afrontar acceder al sistema de salud privado: más de 200.000 personas abandonaron la medicina prepaga por el aumento de precios. Al mismo tiempo, obras sociales como PAMI redujeron significativamente la cobertura de medicamentos, que pasó de cubrir el 100% a porcentajes que oscilan entre el 40% y el 80%.

También se alertó sobre la reducción de programas claves como REMEDIAR Salud Mental, con un recorte de hasta el 75% en algunas jurisdicciones, y la interrupción de la entrega de medicación por parte de la DADSE (Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales) del Ministerio de Salud de la Nación.

Emergencia social, impacto emocional

Los convocados al encuentro coincidieron en señalar que el aumento de la demanda en salud mental responde no solo a causas clínicas, sino también al empeoramiento de las condiciones de vida: pobreza, desempleo, violencia, déficit habitacional, falta de acceso a derechos básicos, debilitamiento de redes comunitarias y crecimiento de la población en situación de calle.

En particular, se observó un agravamiento de los cuadros clínicos que ingresan a internación, con mayor prevalencia de consumos problemáticos en personas con alta vulnerabilidad psíquica y en edades más tempranas. Además, se remarcó la creciente dificultad para otorgar altas por la falta de redes de sostén, vivienda, trabajo o dispositivos comunitarios de seguimiento.

Entre niños, niñas y adolescentes se identificó un preocupante aumento de autolesiones, tentativas de suicidio y situaciones de violencia y maltrato.

La cantidad de medicamentos entregados por el Programa de Uso Racional de Psicofármacos (PURPsi) pasó de 1000 en 2019 a 14.000 en 2025, sólo en la Provincia de Buenos Aires. Esa realidad se acompaña por Baja de Política de discapacidad; discontinuidad y baja de prestaciones, revisión compulsiva de las pensiones sin apoyos; Discontinuidad del REMEDIAR- SALUD MENTAL; progresivo cierre del Hospital Nacional Bonaparte, abandono de la Obra Pública (Casa joven de la sedronar, casa de externación, centros de SM; Interrupción del Consejo Federal de Salud Mental, entre otras acciones.

Políticas implementadas en la gestión

Pese al contexto adverso, las autoridades también destacaron avances en políticas públicas que han contribuido a ampliar la respuesta estatal en salud mental.

Desde 2019 se incorporaron 2.445 nuevos trabajadores y trabajadoras al sistema, lo que representa un aumento del 37,5% en los equipos de salud mental.

La capacidad de camas en hospitales generales destinadas a internación en salud mental aumentó un 68,9% entre 2019 y 2025,

Se impulsó la construcción de 37 nuevos centros de salud mental y 3 unidades residenciales específicas para consumos problemáticos.

Se avanzó en el desarrollo de dispositivos comunitarios, con la creación de 53 nuevas casas de externación, medio camino y acompañamiento para la vida en comunidad, sumando más de 200 en alquiler.

En el área de niñez y adolescencia, se implementaron programas integrales interministeriales con educación, apuntados a la prevención de suicidio, abordaje de consumos de tecnología y ludopatías.